CALIFORNIA – El Departamento de Finanzas de California, bajo la administración del Gobernador Gavin Newsom, ha manifestado su preocupación sobre un proyecto de ley propuesto por los republicanos que busca endurecer las sanciones para aquellos que cometan delitos de explotación sexual de menores.
La oposición del departamento radica en los costos asociados y en el potencial impacto negativo en los esfuerzos estatales para reducir la población carcelaria.
El proyecto de ley SB 1414 tiene como objetivo reclasificar como delito grave la solicitud o compra de servicios sexuales de un menor en California, un acto que actualmente es considerado un delito menor con una pena mínima de dos días de cárcel.
Este cambio legislativo se presenta en un contexto en el que la protección de los menores es prioritaria, pero la forma en que se aborda ha generado controversia.
A pesar del apoyo del Gobernador Gavin Newsom al proyecto de ley, su propio Comité de Finanzas ha expresado serias preocupaciones. En una reciente audiencia, un representante del departamento subrayó que, aunque se comprende la intención de la ley, su implementación podría generar costos significativos para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).
Estos costos, junto con el riesgo de aumentar la población carcelaria, son vistos como obstáculos en los esfuerzos del estado por cerrar prisiones y ahorrar millones de dólares anualmente.
La líder republicana en el Senado estatal, Shannon Grove, ha criticado las preocupaciones del Departamento de Finanzas, señalando los costos que el estado ya asume al tratar a los perpetradores y al brindar servicios a las víctimas. Grove argumenta que el costo de proteger a los niños y evitar que sean explotados sexualmente es mucho menor que el de tratar las consecuencias posteriores.
Según Grove, el estado enfrenta un problema grave si no puede encarcelar a quienes compran a menores para fines sexuales. En sus declaraciones, también estimó que el costo de atender a las víctimas de estos crímenes podría ascender a cientos de miles de dólares, por lo que endurecer las sanciones es, en su opinión, una medida más rentable a largo plazo.
El proyecto de ley fue trasladado al Archivo de Suspensión, un procedimiento que se utiliza para evaluar detenidamente los costos de las propuestas legislativas. Si los costos del proyecto superan los $50,000 del Fondo General o $150,000 de un fondo especial, su avance se pone en duda.
A pesar de esto, Grove se mostró optimista sobre el futuro de la ley, aunque criticó duramente la oposición del Departamento de Finanzas, calificándola de “absurda”.
Grove expresó su decepción por la dificultad que enfrenta la legislación para proteger a los niños de la explotación sexual, aunque destacó que el proyecto de ley sigue avanzando y no ha sido descartado.
En resumen, el proyecto de ley SB 1414 refleja un dilema complejo entre la necesidad de proteger a los menores y las preocupaciones sobre los costos y las políticas penitenciarias. El debate sobre cómo equilibrar estos factores sigue abierto, y el futuro de la ley dependerá de una cuidadosa evaluación de sus implicaciones financieras y sociales.
