RICHMOND, California — Una demanda fue presentada el 14 de febrero de 2024, contra la ciudad de Richmond por Jasmine Abuslin, también conocida como Celeste Guap, detallando su experiencia desgarradora con el Departamento de Policía de Richmond, alegando que fue víctima de tráfico sexual a cambio de protección policial e información.
Entre los demandados nombrados en la demanda se encuentran el actual Jefe de Policía Allwyn Brown, el ex Jefe de Policía Chris Magnus y el jefe de la División de Asuntos Internos, el teniente Brian Dickerson. Abuslin los acusa de ignorar la mala conducta dentro del departamento y de no investigar adecuadamente o disciplinar a los oficiales involucrados.
Según Abuslin, fue solo después de que las acusaciones en Oakland se hicieran públicas que la policía de Richmond inició una investigación sobre la mala conducta. La investigación resultó en acciones disciplinarias contra once oficiales, incluidas recomendaciones de terminación, degradación y suspensiones, así como cartas de reprimenda.
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John Burris, el abogado de Abuslin, condenó las acciones de los oficiales de Richmond, declarando: “Aprovecharon a una persona joven vulnerable… En lugar de reconocer eso y ayudarla, se aprovecharon de sus vulnerabilidades“. Burris también resaltó el presunto intento de los oficiales de evitar que Abuslin testificara en su contra enviándola a Florida bajo el pretexto de asistir a un programa de tratamiento de drogas.
La demanda acusa a los ocho oficiales demandados y a la ciudad de Richmond de conspirar para obstruir la justicia mediante la manipulación de testigos. A pesar de los intentos de comunicarse para obtener comentarios, el alcalde de Richmond, Tom Butt, y el Departamento de Policía de Richmond no estuvieron disponibles para responder.
La vida de Abuslin ha sido profundamente afectada por la mala conducta revelada en estas acusaciones. Burris describió sus luchas, declarando: “Ha sido muy difícil para ella. Tiene días buenos y días malos“. La demanda representa un desarrollo significativo en las repercusiones continuas del escándalo de abuso sexual policial, arrojando luz sobre la presunta explotación de individuos vulnerables dentro de las agencias de aplicación de la ley.
